Los intermediarios financieros están temblando ante una posible prohibición total de las comisiones impuesta desde Bruselas; mientras en el sector asegurador se teme un posible contagio de esta normativa, que rompería con los esquemas de la distribución tradicional de seguros en nuestro país.

Prohibir que los distribuidores o los asesores financieros reciban incentivos de las entidades a cambio de vender productos y servicios financieros a sus clientes. Este es el objetivo nuclear de una propuesta presentada recientemente en la Comisión Europea con el aval de la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness. Su posicionamiento es claro en base a diversas declaraciones que ha realizado en Bruselas: “Con frecuencia, se aconseja a inversores minoristas comprar productos más caros y que no siempre son los más adecuados a sus necesidades. Los productos en los que hay incentivos son de media un 35% más caros que aquellos dónde no los hay”. De hecho, la comisaria de la Comisión Europea también afirma que estos incentivos “pueden conducir a conflictos de interés que generan un efecto negativo en la calidad y en los precios de los productos”.

Desde hace tiempo, la Comisión Europea viene preparando una Estrategia de Inversiones Minoristas (cuya propuesta definitiva se conocerá el próximo 3 de mayo) en la que se han analizado especialmente las experiencias de Países Bajos y el Reino Unido, que prohibieron hace ya algunos años estos incentivos. En verano de 2022, las conclusiones principales de estos estudios se materializaron en  un informe que recogía las que a su juicio eran algunas posibles deficiencias que se producen hoy en relación a la protección del inversor minorista europeo y sus potenciales soluciones. En referencia a las retrocesiones (comisiones en el argot financiero), el documento no dejaba lugar a dudas y se inclinaba directamente por prohibir los incentivos con independencia del tipo de servicio de inversión a través del cual se esté distribuyendo un producto financiero.

Reacciones en España

De materializarse finalmente esta prohibición de las comisiones su impacto en mercados como el español sería contundente, ya que la inmensa mayoría de las entidades y de los asesores financieros comercializa sus productos con este modelo; mientras que el cobro director de honorarios al cliente es residual, como ocurre también en el sector asegurador español. Incluso hay voces con tanto peso como la de Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, que señala que si se llegasen a prohibir los incentivos, “es probable que una gran parte del sector desaparezca”. En este sentido, su principal base de argumentación es que apostar por un sistema como el británico podría suponer una grave amenaza para muchas entidades de pequeño y mediano tamaño en España, que tendrían a largo plazo prácticamente imposible poder competir en precios con las grandes firmas.

Hace apenas unos días, el Grupo Parlamentario Plural, a través del diputado Ferran Bel i Accensi, presentó en el Congreso una proposición no de ley para la protección de los inversores minoristas a través del asesoramiento financiero. Esta proposición, presentada a iniciativa de EFPA España, apuesta por mantener el modelo de asesoramiento de MiFID II y de regulación del cobro de retrocesiones. En el documento se reconoce que “los asesores financieros constituyen un elemento clave para que los inversores minoristas puedan acceder a todo tipo de productos financieros” en condiciones de seguridad para satisfacer sus preferencias de sostenibilidad y mejorar la previsión privada para su jubilación. Además, se resalta su papel como “guardianes del sistema financiero”.

Temor al contagio en seguros

En el ámbito asegurador, por el momento, solo se han prohibido las comisiones a los corredores en Unit Linked por el reglamento PRIPS, aunque los agentes pueden seguir cobrando comisiones.

Sin embargo, existe un temor creciente a que lo ocurrido en el sector financiero pueda extenderse al sector seguros en futuras normas europeas de obligado cumplimiento. En esta línea, Insurance Europe hizo llegar recientemente su posicionamiento a la Comisión Europea a través de una carta en la que se ponía en valor el asesoramiento profesional.

Entre otros hitos, se señalaba que “si bien cualquier servicio y asesoramiento profesional tiene un precio, el coste de no poder acceder al asesoramiento cuando sea necesario sería extremadamente alto para los consumidores. Algunos corren el riesgo de recurrir a otras fuentes de información, como las redes sociales, y estar más expuestos a estafas o inversiones de alto riesgo, mientras que otros tendrían menos probabilidades de invertir y, por lo tanto, estarían menos preparados para la jubilación. Además, una prohibición en toda la UE no respetaría la diversidad del mercado en términos de sistemas de distribución, preferencias de los clientes y cultura de supervisión”.