Más del 60% de los hogares ubicados en provincias golpeadas por los incendios forestales este verano dispone de seguro de hogar, según recoge la Memoria Social del Seguro 2024 publicada por Unespa. Aunque esta cifra se sitúa por debajo de la media nacional del 79,5%, refleja una cobertura significativa ante catástrofes como las que han afectado recientemente a regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias y parte de Andalucía.

Por ejemplo, en Orense y Cáceres, dos de las provincias más impactadas por los fuegos, un 60,3% de los hogares cuenta con póliza de hogar; en Zamora, la cobertura asciende al 64,3% y en León, al 74,7%. Estas cifras permiten a una parte importante de la población damnificada acceder a indemnizaciones por daños derivados de incendios, explosiones o la caída de rayos, coberturas incluidas habitualmente en los seguros de hogar. También se contemplan los efectos secundarios del humo y los costes derivados de la intervención de los servicios de emergencia.

Desde Unespa se recuerda que cada contrato tiene sus propias condiciones y exclusiones, por lo que recomiendan a los asegurados consultar con su entidad para conocer los detalles de su cobertura. La patronal también subraya que el seguro de hogar solo es obligatorio si la vivienda está hipotecada, aunque muchas comunidades de vecinos cuentan con seguros que cubren los daños en zonas comunes.

Empresas, vehículos y comunidades: otras coberturas activas

Los seguros multirriesgo contratados por empresas y comunidades de propietarios también están cubriendo parte de los daños causados por los incendios. En 2024, las aseguradoras han abonado 682 millones de euros por siniestros relacionados con comunidades de propietarios y 3.255 millones en coberturas vinculadas a empresas. En el caso de los automóviles, las pólizas con cobertura contra incendio incluyen también los gastos de extinción provocados por la intervención de bomberos, sea cual sea el origen del fuego.

La contribución del sector asegurador a los sistemas de prevención y extinción de incendios ha sido también destacada por Unespa. En la última década, las compañías han transferido cerca de 2.000 millones de euros a administraciones públicas a través de tasas y contribuciones especiales. Solo en 2024, este desembolso ascendió a 239 millones de euros, frente a los 154 millones que se pagaron en 2015.

Agroseguro estima 2,8 millones en indemnizaciones por daños agrícolas

Por su parte, Agroseguro estima en unos 2,8 millones de euros las indemnizaciones por los fuegos registrados en explotaciones agrícolas y ganaderas este verano. El seguro agrario, que cubre el riesgo de incendio como parte de su garantía básica, protege tanto la producción como la infraestructura afectada, incluyendo daños provocados por cortafuegos en cultivos de cereal.

En el ámbito ganadero, Agroseguro recuerda que existen dos tipos de productos específicos. Por un lado, el seguro para la retirada y destrucción de animales muertos —presente en el 90% de las explotaciones— y, por otro, las pólizas de vida para animales que también incluyen el incendio como riesgo cubierto. No obstante, el volumen de siniestros reportados por fuegos en cabañas ganaderas suele ser bajo, según la entidad.

El seguro forestal, una opción minoritaria pero activa

También existe un seguro forestal para terrenos de titularidad privada, que incluye cobertura frente a incendios, inundaciones, viento y nieve. Este seguro permite la recuperación de la masa forestal dañada, y en algunos casos también protege producciones específicas como el corcho, la madera de chopo o los piñones del pino. Sin embargo, su implantación es limitada debido a que muchas masas forestales no tienen un aprovechamiento económico directo.

El Gobierno prevé declarar zona catastrófica varias regiones

Durante una visita a Jarilla (Cáceres), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará la declaración de “zona catastrófica” para los territorios afectados por los incendios. Esta medida permitirá movilizar recursos estatales para la reconstrucción y facilitará ayudas a particulares y empresas damnificadas.

La activación de este mecanismo se sumará al esfuerzo de las entidades financieras —como Banco Santander, Sabadell, Cajamar o Abanca— que han lanzado líneas de financiación urgente para mitigar los efectos económicos de los fuegos en las zonas rurales y en el tejido productivo local.