Mutua Madrileña, empresa liderada por Ignacio Garralda, ha lanzado una nueva cobertura antiocupación para complementar las garantías de sus pólizas de hogar. Esta cobertura opcional, disponible por 7,5 euros al año, pretende proteger a los asegurados frente a la ocupación ilegal de sus viviendas. Se puede contratar tanto con pólizas ya existentes como con nuevos contratos. 

Ante el aumento de la ocupación ilegal de viviendas en los últimos años y el consiguiente temor de los propietarios, Mutua Madrileña ha desarrollado esta cobertura para ofrecer asistencia legal a los asegurados en la recuperación de su vivienda y garantizar una compensación económica por los costes derivados de la usurpación del inmueble. 

Entre las coberturas de la garantía antiocupación de Mutua Madrileña, destaca el asesoramiento legal ilimitado. Además, incluye la cobertura de los gastos de defensa de los derechos del asegurado para recuperar la vivienda ocupada, tanto por vía amistosa como judicial. Si se interpone una demanda, la cobertura se extiende a los gastos notariales y judiciales, incluidos los honorarios de abogado y procurador, el pago de las costas y gastos por la adopción de medidas cautelares, así como los gastos derivados de la ejecución judicial forzosa de la sentencia, con un límite máximo de 10.000 euros. 

Adicionalmente, la garantía antiocupación de Mutua Madrileña encabezada por Ignacio Garralda, ofrece el pago de un alojamiento alternativo durante un máximo de 6 meses y hasta 800 euros de renta de alquiler mensual, en caso de que la ocupación ocurra en el hogar habitual familiar, siempre y cuando el asegurado tenga contratada esta cobertura en los productos Global Plus o Global. 

La cobertura antiocupación de Mutua Madrileña también abarca los gastos de reparación de los daños materiales causados en el continente o contenido de la vivienda asegurada por actos malintencionados del ocupante ilegal, con un límite de hasta 6.000 euros para el continente y 1.200 euros para el contenido. 

Además, esta cobertura incluye el pago de los suministros de agua, gas y electricidad, hasta 100 euros al mes durante 6 meses, mientras la vivienda asegurada esté ocupada de forma ilegal. Esta protección es aplicable tanto si se trata de la vivienda habitual del asegurado como si es su segunda residencia. 

Esta nueva cobertura opcional incluye la responsabilidad civil del asegurado por un máximo de 7.500 euros de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a terceros, siempre y cuando se hayan producido estando la vivienda asegurada ocupada de forma ilegal. En este caso, la cobertura se activa si los ocupantes ilegales causan daños o perjuicios a terceros, que el asegurado sea responsable de los daños por sentencia judicial firme y que la ocupación ilegal se haya producido durante la vigencia de la póliza.