En las últimas semanas, los casos de afectados por listeriosis no han parado de crecer. Este ha sido uno de los desencadenantes para que la asociación de consumidores FACUA-Consumidores en Acción haya decidido exigir al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados que modifiquen con urgencia la Ley de Seguridad Alimentaria para garantizar las cantidades económicas adecuadas para los afectados de casos como éste.

La denuncia ha surgido a raíz del caso de la empresa Magrudis, cuyos productos de carne mechada provocaron el brote de listeriosis, que ya lleva tres víctimas mortales y cinco abortos. Además, la asociación de consumidores afirma que el Ayuntamiento de Sevilla solo dispone de un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros, una cifra que no consideran suficiente para cubrir los nefastos efectos de esta intoxicación.

Desde FACUA exigen que se desarrolle el artículo trigésimo de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ya que 35 años después de su promulgación, ningún gobierno se ha preocupado de cumplir con lo que establece el artículo: «el Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados, los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades”.

Esta norma se actualizó en 2007 mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En su artículo 131 incorporó un texto muy similar al de la ley original de 1984. En el primero se indicaba que el Gobierno ”adoptará las medidas o iniciativas necesarias” y en de 2017 que ”podrá establecer” los citados sistemas de seguro y fondo de garantía.

Teniendo en cuenta que las intoxicaciones alimentarias son tan comunes en bares y restaurantes, estos, así como fabricantes de productos alimentarios, deberían contratar seguros que cubran su Responsabilidad Civil sobre los daños y perjuicios a los consumidores o a personas que puedan resultar afectadas.

Estos seguros cubren al asegurado de las consecuencias económicas que pueda acarrear la imputación de responsabilidad a causa de los daños corporales o materiales y perjuicios que puedan sufrir terceras personas por el uso, tenencia o incluso simple existencia de productos puestos en circulación en el mercado por el asegurado, por sí mismo o a través de terceros.